PEDRO SOLBES, EL CONSEGUIDOR

   Contribuyó activamente a intoxicar a la opinión pública con su aspecto desmayado y con un aire de sabio, exponiendo análisis deliberadamente trucados y maquillados sobre la crisis que ya empezaba a nublar el corazón de los españoles sensatos. Usó términos equívocos como aquellas “turbulencias financieras” refiriéndose a los vaivenes de la economía que empezaba a mordernos en la desbocada aventura temeraria en la que había entrado el Gobierno. Hoy basta con recordar sus solemnes frases doctorales sobre la buena salud de la economía en su debate con Pizarro –tan jaleado por la prensa adicta y por muchos políticos tan ayunos en economía como interesados en sus poltronas- para comprobar cuan burdas eran sus palabras,  dichas además en un tono displicente como es su costumbre. Por goleada –decían- había ganado el debate con un novato Pizarro que decía lo que el Gobierno no quería que dijese, es decir, la verdad. La verdad que hoy estamos padeciendo.

    En el mismo año 2008, dentro de su cadena de aciertos, sentenció que “el oro ya no es un activo rentable”, vendiéndose –malvendiéndose- la mitad de las reservas del Banco de España. Desde entonces hasta hoy ese metal no ha hecho más que revalorizarse continuamente. Un auténtico despilfarro del lucro cesante en una operación que poco se ha hablado de ella en estos momentos.

   Ya en 2007 propició la entrada italiana en Endesa, cuando había una OPA por el total de las acciones de la alemana E.ON. Actualmente Endesa solo es una filial del grupo italiano, que controla el 90% los derechos políticos y económicos

Cuando su prestigio rozaba la alfombra decidió apartarse de la política con ese ceño fruncido tan característico y con el párpado a media asta, como era su costumbre cuando ponía cara de sabio despistado.

Ahora, mucho después del plazo que nos han puesto para los demás para llegar a una posible jubilación, el representará los intereses privados de dos multinacionales: Barclays España y la compañía eléctrica italiana Enel; sectores a los que pudo beneficiar en sus decisiones como ministro –o no-. Parece que se ha asegurado un buen sueldo de 300.000 euros anuales; eso si, sin renunciar a la paga vitalicia que tiene como ex comisario europeo, a los emolumentos correspondientes a su etapa en la función pública y a las pensiones como ex diputado. Nada, una minucia para tan alto personaje.

Atrás queda su soberbia interpretación en los dos debates televisados con el “pobre” Pizarro, la economía española hundiéndose en la miseria y los parados desesperados, tocados y hundidos. 

PEDRO SOLBES, EL CONSEGUIDOR

DEL FORO AL CIRCO

    Hace mucho tiempo, demasiado tiempo, que se está tratando de averiguar que ocurrió exactamente en aquella entrevista entre un miembro de la policía –con la anuencia de alguno de sus jefes- y un correo de la banda asesina ETA, en ese caso que se ha venido en llamar “caso faisán”.

 
    Indudablemente huele muy mal, cuando menos parece un gravísimo caso de deslealtad al Estado, a las víctimas de esa banda y a los ciudadanos en general.

     Cualquiera que viva en un Estado de Derecho espera que la policía nos proteja frente al terrorismo y está probado que algunos de los policías han ayudado a unos asesinos a evitar su detención, lo que nos lleva a la suposición de que si actuaron por órdenes de sus superiores, unos y otros actúan como si fuesen terroristas, dejando en la indigencia moral a una inmensidad de policías honrados que en ese país se han jugado y siguen jugándose la vida por nosotros.

El diputado Gíl Lázaro

     Debería ser el Gobierno el máximo garante de la aplicación y el respeto por la ley y que se interesara por explicar con todo lujo de detalles los aconte-cimientos que ha llevado a estar imputados a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado; en cambio, y contra toda lógica -¿o no?- , han puesto al más eficaz cínico que ha dado la política española  a hacer de frontón ante cualquier pregunta sobre el tema que se le haga. Parece que hay quien olvida sus obligaciones parlamentarias que en razón de su cargo tiene conferidas, mostrando el lado grotesco y burlón para contestar a los diputados que esperan de él –por ser el máximo responsable de estos cuerpos de seguridad- las explicaciones oportunas ante la gravedad de los hechos denunciados.

El ministro Pérez Rubalcaba

     En cambio, el Sr. Ministro gusta pavoneare ante sus admiradores en el hemiciclo cada vez que hace alguna gracieta o chiste en clave socarrona. Unas veces mencionando títulos de canciones, otras negándose claramente a responder, creyendo que en el ejercicio del poder todo vale. Recientemente a sacado a colación una vieja cancioncilla que se cantaba antiguamente con el título de “La flauta de Bartolo”, intentando ridiculizar a quien con todo el derecho pide respuestas a quien tiene la obligación de tenerlas y darlas.

   El pensar que se puede soslayar las responsabilidades con burlas e insolencias es propio de fulleros y matones de medio pelo, no de quien ha sido nombrado para tan alto y, parece, inmerecido cargo.
 

LAS TOGAS EMBARRADAS

   Sin ningún pudor, todo un Fiscal General del Estado llegó a manifestar públicamente que a veces era necesario que las togas –referidas a Jueces y Fiscales- tenían que mancharse con el polvo del camino, en clara alusión a tener que hacer lo que el pueblo llano entiende como hacer la vista gorda en determinados asuntos. Esta manifestación, que cualquier persona decente y que crea en la división de poderes en un estado de derecho le parecerá un escándalo, se asentó de tal forma en la sociedad española que parecía quedar como una simple anécdota.

   Pero parece ser que la anécdota ha cobrado plena actualidad. Algunos jueces del Constitucional no han tenido reparo en rebozar sus togas en el polvo del camino a la hora de adoptar una decisión que agravia la memoria de las víctimas del terrorismo, escarnece a sus familiares y nos envilece a todos aquellos que pensamos que la moral, la decencia, la dignidad y la ética no puede ser moneda de cambio; por tanto,  no se puede subvertir el orden constitucional, ya que es incompatible la presencia de terroristas en las instituciones democráticas, pues su presencia en las urnas supone una dolorosa bofetada, no solamente para las victimas del terrorismo, sino para cualquier persona decente, por una vez que se había debilitado a los terroristas al excluirlos de las instituciones democráticas. Sin el dinero,sin el control social, sin la proyección mediática, sin el poder político que les da gobernar ayuntamientos y su presencia en las instituciones vascas y navarras, así como la presión policial contra los terroristas, éstos se hubieran debilitado al encontrarse  contra las cuerdas. 

Pascual Sala - Pte. del Tribunal 

  Desgraciadamente estamos asistiendo al fin de la separación de poderes, algo tan necesario en democracia, pues ha quedado demostrado que la designación política de los miembros de los máximos órganos judiciales nos aboca a que el poder judicial sea una mera correa de transmisión del poder político. Esos jueces nombrados por los partidos políticos no son independientes, siendo esto fundamental para poder impartir justicia y esa dependencia política de nuestro sistema judicial es una lacra para nuestro Estado de Derecho.

   Toda la documentación elaborada por las Fuerzas de Seguridad del Estado, las actas de las reuniones entre los terroristas y sus mandados políticos, las evidencias, certezas y pruebas que conectan a los de la capucha con los que se han presentado con el nombre de Bildu, no han servido para nada.

   Aunque en todos los regímenes políticos sea un imperativo legal el sometimiento a lo que dictaminen las sentencias, lo característico de las democracias es que ese deber de acatamiento no tiene por qué llevar aparejado una pérdida del derecho ciudadano a la hora de valorar públicamente las resoluciones judiciales, y los que tenemos contraído un compromiso con las victimas del terrorismo y queremos ser solidarios con aquellos que todos los días se juegan la vida desde concejalías en pueblos remotos que sufren la presión de los violentos, tenemos la obligación de criticar las resoluciones judiciales que atentan contra la lógica y la propia conciencia, incluso debe ser  considerado como un deber.