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   REFERENDUM EN RASQUERA

   No deja de ser loable el hecho de que un regidor quiera conseguir para su municipio las mayores cotas de bienestar, entendiendo por ello no solamente el acondicionar el pueblo para que la habitabilidad resulte la mejor posible, sino también el reactivar la economía para que sus habitantes ejerzan y trabajen sin tener que hacerlo fuera del ámbito local y familiar; sobre todo ahora que la economía española se encuentra tocando fondo y la tasa de desempleo está llegando a cimas insostenibles. No es fácil en estas circunstancias animar a la inversión para crear negocios que sean capaces de generar empleo, pero no es válido el querer generar ilusión desde planteamientos ilusorios y de una más que dudosa legalidad.


   Bernat Pellisa, alcalde de Rasquera, pueblo enclavado en la provincia de Tarragona, no ha encontrado una forma mas racional para intentar ayudar a su pueblo en la conquista del bienestar que proponer el cultivo masivo de marihuana con la confianza de crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en dos años, dinero que, según tiene pensado el alcalde, serviría para pagar las numerosas deudas del municipio e impulsarían la actividad económica; todo ello a través de un acuerdo de cesión de terrenos municipales a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo.

   Es evidente que una operación de esta envergadura no es para un autoconsumo, única forma legal reconocida en la legislación vigente, sino que aparentemente la producción está destinada a terceros, con lo que se entra de lleno en un posible tráfico de drogas, habiendo sido ya advertido el municipio de que si se materializa la plantación en terrenos municipales se le dará traslado a la Fiscalía por una posible constitución de delito.

   Ante esta advertencia el Sr. Pellisa ha querido involucrar al pueblo en su, cuando menos, iluminada propuesta, haciéndole participar en un referéndum vinculante con un censo de 804 personas y 940 habitantes; realizando una defensa numantina sobre la plena viabilidad jurídica del proyecto, pero evitando plantear el tema abiertamente a los vecinos –suponemos que en un intento de disfrazar la realidad y previniendo un posible rechazo- por lo que  en la papeleta en la que el ciudadano tenía que manifestarse no se aludía explícitamente a la plantación, sino que disfrazándola y jugando con la anímica situación económica del municipio, la pregunta derivaba hacia si se estaba de acuerdo con un desarrollo de un plan anticrisis. Todo aparentemente legal pero implícitamente engañoso.

   No sabemos si estamos ante un personaje cuya desesperación económica enajena su entendimiento, si ante un incapaz de encontrar soluciones lógicas y viables o ante el clásico político oportunista que quiere conseguir notoriedad. El problema en realidad no está en el histrionismo del personaje, sino que lleve a engaño al pueblo con promesas irrealizables o de escasas posibilidades, últimos paganos de las excentricidades de políticos descentrados.