REFERENDUM EN RASQUERA
No deja de ser loable el hecho de que un regidor quiera conseguir para
su municipio las mayores cotas de bienestar, entendiendo por ello no solamente
el acondicionar el pueblo para que la habitabilidad resulte la mejor posible,
sino también el reactivar la economía para que sus habitantes ejerzan y
trabajen sin tener que hacerlo fuera del ámbito local y familiar; sobre todo
ahora que la economía española se encuentra tocando fondo y la tasa de
desempleo está llegando a cimas insostenibles. No es fácil en estas
circunstancias animar a la inversión para crear negocios que sean capaces de
generar empleo, pero no es válido el querer generar ilusión desde
planteamientos ilusorios y de una más que dudosa legalidad.
Bernat Pellisa, alcalde de Rasquera, pueblo enclavado en la provincia de
Tarragona, no ha encontrado una forma mas racional para intentar ayudar a su
pueblo en la conquista del bienestar que proponer el cultivo masivo de
marihuana con la confianza de crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3
millones de euros en dos años, dinero que, según tiene pensado el alcalde,
serviría para pagar las numerosas deudas del municipio e impulsarían la
actividad económica; todo ello a través de un acuerdo de cesión de terrenos
municipales a la
Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo.
Es evidente que una operación de esta envergadura no es para un
autoconsumo, única forma legal reconocida en la legislación vigente, sino que
aparentemente la producción está destinada a terceros, con lo que se entra de
lleno en un posible tráfico de drogas, habiendo sido ya advertido el municipio
de que si se materializa la plantación en terrenos municipales se le dará
traslado a la Fiscalía
por una posible constitución de delito.
Ante esta advertencia el Sr. Pellisa ha querido involucrar al pueblo en
su, cuando menos, iluminada propuesta, haciéndole participar en un referéndum
vinculante con un censo de 804 personas y 940 habitantes; realizando una
defensa numantina sobre la plena viabilidad jurídica del proyecto, pero
evitando plantear el tema abiertamente a los vecinos –suponemos que en un
intento de disfrazar la realidad y previniendo un posible rechazo- por lo que en la papeleta en la que el ciudadano tenía
que manifestarse no se aludía explícitamente a la plantación, sino que
disfrazándola y jugando con la anímica situación económica del municipio, la
pregunta derivaba hacia si se estaba de acuerdo con un desarrollo de un plan
anticrisis. Todo aparentemente legal pero implícitamente engañoso.
No sabemos si estamos ante un personaje cuya desesperación económica
enajena su entendimiento, si ante un incapaz de encontrar soluciones lógicas y
viables o ante el clásico político oportunista que quiere conseguir notoriedad.
El problema en realidad no está en el histrionismo del personaje, sino que
lleve a engaño al pueblo con promesas irrealizables o de escasas posibilidades,
últimos paganos de las excentricidades de políticos descentrados.