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EL DINERO Y LOS DAÑOS MORALES


   Han pasado más de dos años desde que un personaje con cara desencajada declaraba públicamente, rodeado de cámaras de televisión: "Me dejaré la última gota de sangre para demostrar la chapuza que ha sufrido mi mujer". Su mujer era la auxiliar de enfermería española contagiada de ébola, y que recibió el tratamiento adecuado, fue cuidada por profesionales perfectamente preparados para la tarea y se aisló su caso con las máximas medidas de protección para que no hubiera más episodios derivados de su desgracia, la cual, parece ser, no siguió correctamente los pasos indicados para retirar el traje aislante que llevaba, lo que sugiere que la enferma pudo haber cometido algún error al ejecutar esa delicada operación.

   La gran chapuza a que hacía referencia arrojó como balance el sacrificio de Excalibur, el perro de la pareja, la sanación de su mujer y la contención del virus. Alrededor de esa historia, los oportunistas de siempre, acusaron al Gobierno de planear un exterminio encubierto, juguetearon irresponsablemente con la imagen internacional de nuestros médicos y miembros del personal sanitario, se burlaron del arrojo de nuestros militares cuando acudieron al foco de la epidemia a repatriar a dos de los nuestros, rozaron la agresión personal para defender a un perro, repartieron la noche de aquél día crítico un infecto SMS con el texto "Si se muere Teresa, todos a Génova"... que nos recordó unas tristes fechas del 11 de marzo de 2004.

   Como, felizmente, se solucionó el caso de Teresa Romero, ésta, junto a su marido Javier Limón y con el aplauso del inefable grupo que siempre aparece en esos casos, poniéndose al lado de la pareja y de sus reivindicaciones, acudieron a los tribunales después de que la Consejería de Sanidad rechazara en febrero de 2015 la reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada por ambos en noviembre de 2014. La reclamación “por daños morales que les causó el sacrificio” de su perro Excalibur era de 150.000 euros.

   Para aquel que no hubiera seguido el suceso, hay que decir que el 8 de octubre de 2014, el equipo del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, consideró que había un riesgo inasumible en el cuidado del animal, el cual había estado junto a su dueña, infectada del virus del ébola, y que, por tanto, había que sacrificarlo en evitación de posibles contagios; lo que se llevó a cabo por orden de la Comunidad de Madrid.

   No hay que entrar a valorar el gasto de la curación de Teresa, porque es de justicia la atención médica hasta su curación, pero se echa de menos alguna gratitud por la atención y desvelos prestados, incluyendo el sacrificio del perro para evitar otros contagios. Parecen muchos euros de reclamación por daños morales. Habría que valorar los daños morales de quienes padecieron los denuestos de aquellas gentes malintencionadas que trataron de confundir a la opinión pública, vituperaron a la Sanidad española y aprovecharon el momento para pedir dimisiones, como la de la Ministra del ramo.

   El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de poner sensatez desestimando las pretensiones de los dueños del can y les condena en costas. De aquella ola de indignación televisada por los medios de comunicación y las redes sociales, que generó protestas a las puertas del domicilio por parte de activistas –siempre hay activistas para todo- solo ha quedado, que no es poco, esta sentencia. Todo lo demás ha quedado para el recuerdo, hasta que otro Javier Limón acuda a los tribunales pidiendo amparo por daños morales.





    LOS NUEVOS ABOLICIONISTAS

   Se recrudece nuevamente el movimiento animalista que se inició en el año 2010 en Cataluña con una campaña para abolir las corridas de toros, impulsada por grupos nacionalistas e independentistas, que es sobre todo y ante todo, un ataque injustificado y arbitrario contra el derecho del ciudadano de acudir y disfrutar con una tradición profundamente arraigada en la conciencia y el espíritu de una buena parte de la sociedad. Los nacionalistas utilizaron la causa de la protección de los animales como excusa, pero detrás de la justificación animalista se escondía el antiespañolismo enfermizo que detentaba el poder en Cataluña. 


   Aún muchos recordamos cómo acabaron algunos nacionalistas con los últimos toros de Osborne en Cataluña –aserrándoles las patas-  como para que nos quisieran hacer creer que aquella intención de prohibición de la fiesta nada tenía que ver con esa esquizofrénica y liberticida obsesión de los nacionalistas por erradicar de Cataluña todo lo que pueda enturbiar su delirante "hecho diferencial".

   La nomenclatura política catalana permitió un ensayo prohibicionista que intentaba prevalecer sobre el albedrío personal. La absurda prioridad de esa clase dirigente desquiciada por sus obsesiones impuso una agenda liberticida para eliminar la presencia de un rito universalmente asociado a la cultura española, pretendiendo pasar por encima del arraigo popular de la fiesta, de su acervo histórico, de su tradición artística y de su valor económico, y sobre todo laminar la autonomía personal y la capacidad de decisión de cientos de miles de aficionados catalanes.

   Prohibir la Fiesta de los toros supone un atentado contra los derechos individuales y contra un hecho cultural de máxima relevancia; las apelaciones a la libertad individual, a la diferenciación de opinión y de respeto por los gustos, las pasiones y las tradiciones culturales de cada uno fueron también absolutamente estériles y resulta inútil razonar contra quienes prefieren hacer oídos sordos a cualquier argumento objetivo, porque el dogmatismo seudocientífico impide a los «abolicionistas» reconocer que la tauromaquia forma parte esencial del arte y la cultura, dándose la incongruencia de encontrar en esa actitud «progresista» el llevar a algunos a defender el derecho a la vida del toro, pero a negárselo al ser humano concebido.